La Constitución sanciona el uso de conversaciones privadas.
El fiscal general, Luis Martínez, utilizó grabaciones de conversaciones íntimas del sacerdote Antonio Rodríguez durante la negociación que terminó en su confesión, condena y posterior salida del país. En un principio el padre Toño, como se conoce al sacerdote pasionista, y sus abogados rechazaron cualquier acuerdo y defendieron su inocencia, pero tras escuchar estas grabaciones el entorno del religioso convenció a Rodríguez de no presentar batalla legal y ceder ante la Fiscalía. [Escuchar audios al final de la nota]
El jueves 4 de septiembre un juez de Santa Ana fijó para el sacerdote salvadoreño-español, que en el último año había tratado de convertirse en el nuevo mediador del diálogo entre el gobierno de El Salvador y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, una pena de dos años y medio de prisión por los delitos de introducción de objetos ilícitos a penales y tráfico de influencias. La sentencia, relativamente baja para este tipo de delitos, es el resultado del citado acuerdo extrajudicial impulsado por el fiscal, enemigo declarado de ese diálogo, conocido popularmente como “la tregua”.
Las grabaciones que forzaron el acuerdo provienen de escuchas telefónicas que son parte de una investigación en contra de la facción Sureña de la pandilla Barrio 18. La Fiscalía intervino primero teléfonos de líderes de la pandilla en la cárcel y al detectar conversaciones con el padre Toño decició ampliar sus escuchas al teléfono personal del religioso. Así, desde el 21 de diciembre de 2013 hasta al menos mayo de 2014, las autoridades consiguieron grabar un buen número de conversaciones del sacerdote con líderes de la facción sureña de la pandilla 18 en las que se coordina con ellos para introducir teléfonos a las cárceles de Cojutepeque e Izalco, o promete hacer gestiones para que el Director General de Centros Penales reduzca la intensidad de los bloqueadores de señal y los pandilleros puedan telefonear y recibir llamadas del exterior. Pero registraron también una serie de conversaciones en las que Antonio Rodríguez aborda asuntos de su vida íntima ajenos a lo investigado.
La Fiscalía, a pesar de que la ley impide divulgar ese tipo de grabaciones, se tomó el trabajo de seleccionar algunas de las llamadas personales del religioso, agruparlas con aquellas que le incriminaban en posibles delitos, y mostrárselas a numerosas personas involucradas en la negociación del futuro judicial de Toño. El fiscal Martínez, personalmente, hizo escuchar estos audios al menos al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas; al representante del Vaticano en El Salvador, el nuncio apostólico monseñor León Kalenga Badkibele; a los representantes de la congregación de sacerdotes pasionistas, de la que Rodríguez forma parte, entre ellos un miembro del consejo provincial, el padre Carlos Sanmartín; al embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena, y al cónsul de ese país, Fernando Villena.
Tres personas que escucharon las grabaciones en el despacho de Luis Martínez comentaron a El Faro que interpretaron como una amenaza o un chantaje la decisión del fiscal de hacerles escuchar conversaciones íntimas ajenas a la investigación. Uno de ellos lo ejemplificó así: “Nunca el fiscal (Luis Martínez) nos amenazó con hacer un escándalo con esos audios si no llegábamos a un acuerdo, pero es como sentarse a negociar con alguien y que antes de comenzar a hablar ese alguien ponga una pistola sobre la mesa”.
Días después de que el fiscal mostrara a las autoridades religiosas y diplomáticas tanto los audios que sugieren acciones ilegales como los de naturaleza privada, el padre Toño accedió a que suabogada defensora, Bertha de León, llegara a un acuerdo con la Fiscalía y decidió confesarse culpable de introducir objetos ilícitos a cárceles y de tráfico de influencias. A cambio, la fiscalía solicitaría al juez especializado de Instrucción de Santa Ana, Tomás López Salinas, la suspensión de la pena de cárcel a cambio de algunas medidas sustitutivas. Como parte del acuerdo no se pondría ningún obstáculo legal a la salida de Antonio Rodriguez del país.
Aunque algunas de las personas vinculadas con el acuerdo y a las que el fiscal expuso los audios accedieron a contar su versión a El Faro, ninguna quiso ser citada mencionando el episodio. El resto o no respondieron a la invitación de hacer una declaración oficial sobre lo sucedido o expresamente declinaron hacerlo. La embajada de España dijo no tener comentarios que hacer sobre el caso. El superior regional de los pasionistas, el padre Carlos Sanmartín, luego de que se le expusiera la reconstrucción de los hechos y el contenido de esta publicación se limitó a decir: “Después de oír el contenido de su investigación, no tenemos nada valioso que agregar”.
Las intervenciones telefónicas como herramientas para la investigación judicial son legales en El Salvador desde 2009, cuando se aprobó una reforma al artículo 24 de la Constitución de la República que hasta ese momento las impedía. Sin embargo, la Carta Magna prohíbe explícitamente divulgar cualquier grabación que no esté relacionada con la investigación en curso.
El párrafo 2 de dicho artículo, en su redacción actual, dice: “Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor”.
El siguiente párrafo establece: “La violación comprobada a lo dispuesto en este artículo, por parte de cualquier funcionario, será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.
El Faro contactó a través de redes sociales con el Fiscal General para hacerle saber de esta publicación y pedirle una explicación de lo sucedido. Cuando se le preguntó por qué seleccionó e hizo que varias personas escucharan conversaciones íntimas del padre Toño, el fiscal Martínez respondió, por escrito: “Afirma usted cosas que desconoce y alejadas de la verdad, y una pregunta con contenido afirmativo falso no tiene respuesta. Usted dice saber algo que en realidad desconoce y sin embargo se atreve a afirmar que sabe. Lo malo de este asunto es que dé una información falsa, una información en la que se miente sobre datos de la realidad”. Aunque se le trataron de hacer repreguntas, no volvió a responder.
Una fuente del gobierno hizo llegar a este periódico una copia de algunos de los archivos seleccionados por la Fiscalía, entre ellos algunos que incluyen conversaciones del sacerdote con pandilleros (que se publican junto a este artículo) y también algunas conversaciones íntimas del religioso.
El fiscal Martínez lleva dos años en el cargo, en un mandato de tres años de duración que culminan en 2015.
Fiscal usó conversaciones íntimas del padre Toño para conseguir su confesión - El Faro
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