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24 de agosto de 2014

LaGeo pagó dividendos por $113 millones en un año

Vía http://hectorsilvavalos.blogspot.com/

Reproduzco aquí parte de las notas que estoy escribiendo para La Prensa Gráfica sobre el arbitraje entablado por la empresa italiana Enel GreenPower S.p.A contra el Estado de El Salvador. Tuve acceso a los escritos presentados en Washington por los bufetes que representan a las partes. Un dato y dos reiteraciones son los que más llamaron mi atención. El dato: los abogados de Enel dan cuenta de que LaGeo repartió, durante el ejercicio pasado, 113 millones de dólares en utilidades, más de lo que este gobierno, el de Salvador Sánchez Cerén, proyecta recaudar con su reforma fiscal. Primera reiteración, que el Fiscal General y los abogados que lo asesoran en Washington acusan directamente al ex presidente Francisco Flores y varios de sus funcionarios de tejer una compleja trama de engaños para estafar al Estado salvadoreño. Segunda reiteración, Enel acusa a las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes, y a sus círculos de colaboradores cercanos, de irrespetar el contrato con LaGeo para quedarse con las ganancias.


El dinero de LaGeo, la empresa de explotación de energía geotérmica de El Salvador, es el epicentro de este terremoto.

En los documentos del proceso de arbitraje entablado por Enel contra El Salvador en 2013 hay una referencia a las cantidades de dinero que hay en ese botín: en uno de los pies de página -el número 40- en su solicitud de medidas preventivas ante el CIADI en Washington, Enel GreenPowerS.p.A. revela que la geotérmica salvadoreña repartió dividendos por 113 millones de dólares en el último ejercicio, 2012-2013 se entiende, ya que la energética italiana presentó su documento el 14 de abril pasado.


Si el reparto accionario de LaGeo fuese como Enel reclama, y como ya fue concedido por un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional el 30 de mayo de 2011 en París, los italianos podrían haber optado por el 53.25% de las acciones de la geotérmica. Esto, en números gruesos, les hubiese dado derecho a unos 59.89 millones de dólares de dividendos solo en un año.

Al Estado salvadoreño le habrían tocado, en ese proyectado esquema accionario, 53.1 millones de dólares de dividendos. (Una referencia: con la reforma fiscal recién aprobada, el gobierno pretende recoger poco menos de 100 millones de dólares)

Por ahora, sin embargo, la Corta Suprema de Justicia de El Salvador ha detenido ese fallo del tribunal parisino. La Sala de lo Constitucional, por un lado, ha pedido a la Asamblea Legislativa que revise las concesiones de energía geotérmica a privados; y, más importante en el caso de las pretensiones accionarias de Enel Italia, la Sala de los Contencioso suspendió el traslado de acciones de LaGeo tras aceptar una demanda de ilegalidad de los actos administrativos en la eléctrica estatal, CEL, que posibilitaron a la empresa italiana la compra de acciones al Estado salvadoreño.

Así las cosas, y tal como está el reparto accionario sin la ampliación del fallo que concede a Enel opción de tener mayoría, el Estado, a través de la empresa Inversiones Energética (INE) de la que CEL es dueña en un 100%, tendría derecho al 63.8% de las acciones de LaGeo, con lo que, de acuerdo a los cálculos de dividendos hechos por Enel, a los agentes estatales le habrían tocado 71.2 millones de dólares de los dividendos repartidos en el último ejercicio.

Los abogados que representan a Enel en Washington, del bufete Clifford Chance, mencionan la cantidad pagada por LaGeo en dividendos al reclamar ante el CIADI por la forma en que un tribunal salvadoreño calculó, el 10 de abril pasado, el embargo de 1.9 mil millones de dólares contra la empresa italiana en el proceso abierto en San Salvador por la venta de acciones de LaGeo.

El tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador, dicen los abogados de Enel en Washington, hizo un cálculo “arbitrario y desproporcionado” de la responsabilidad civil que se les atribuye en perjuicio de CEL. En la página 25 del escrito presentado al CIADI, dicen que el embargo por 1.9 mil millones de dólares se calculó en base a proyecciones y estimados hipotéticos que toman como referencia “el valor de una empresa venezolana privatizada y el valor pagado por el control de esa compañía”.

Luego, los asesores de Clifford Chance introducen el dato sobre los dividendos generados por LaGeo. Y lo hacen para argumentar que el monto real está muy por debajo de lo proyectado en el embargo:

“Como dato indicativo adicional, LaGeo pagó 113 millones de dólares de dividendos en el último ejercicio. Al asignarle un valor de 2,000 millones al 53.25% de LaGeo, el mencionado reporte está utilizando múltiplos aberrantes para establecer el valor de una compañía en este tipo de industria”, dice el escrito presentado por Enel.


El botín de LaGeo

El dinero es el epicentro. Y si Enel se metió en el pleito, dicen sus abogados al hacer una relación histórica de la inversión de los italianos en el mercado geotérmico salvadoreño, fue por las ganancias que les podía dejar apropiarse de la mayoría accionaria en LaGeo.

El principal argumento de Enel contra El Salvador, y sobre todo contra los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes, es que desde 2007 los agentes estatales se niegan a cumplir el contrato de concesión firmado en 2002. La razón, dicen los abogados de los italianos, fue que ambos gobiernos descubrieron el potencial financiero de LaGeo luego que empezó a funcionar una unidad de generación en Berlín, Usulután, que disparó la productividad de la geotérmica.

En ambas administraciones, Saca y Funes, a cargo de CEL e INE han estado hombres de confianza de los presidentes. Y en el caso de Funes, fue el mismo presidente quien se puso al frente del alegato público contra Enel en 2013.

Los abogados del estado salvadoreño alegan que, desde el principio, la adquisición de los derechos sobre la mayoría accionaria en LaGeo está basada en actos arbitrarios y de corrupción cometidos durante la administración del presidente Flores. La Fiscalía salvadoreña acusa de peculado a 19 personas, ex funcionarios, abogados y empresarios, relacionados con esa operación.

Claro queda, de cualquier forma, que la razón de Enel fue siempre el control de LaGeo.

“LaGeo era ofrecida -por el Gobierno salvadoreño- como una plataforma regional... una plataforma tiene valor y justifica inversiones de riesgo solo si puede ser controlada. Por ello desde el principio se planteó la necesidad de obtener garantías que hicieran viable el acceso al control de LaGeo”, dicen los italianos en el párrafo 26 de su solicitud de medidas preventivas.

Y continúan los abogados de Enel: “Las empresas mostraron interés en licitar siempre y cuando el mecanismo de capitalización les permitiera eventualmente tomar la mayoría accionaria de LaGeo”, citan una explicación dada por el directorio de LaGeo a la Corte de Cuentas en El Salvador.

Una de las garantías para Enel fue el acuerdo de accionistas firmado entre el CEL y la empresa italiana cuando El Salvador la escogió como socio estratégico en este caso. El artículo 6, referido a la capitalización y otras inversiones, dice: “CEL declara que no existen restricciones para que... el socio estratégico se convierta en el accionista mayoritario de GESAL (geotérmica salvadoreña, luego LaGeo)...”

Los abogados que representan a El Salvador en Washington, del bufete Foley Haug, dicen que ahí, en ese acuerdo de accionistas, está el fraude.

El Salvador: hubo transacción ilegal

En resumen lo que hoy alega el Estado salvadoreño es que uno de sus gobiernos, el de Francisco Flores, lo estafó. La Fiscalía General de la República y sus asesores en Washington entienden, en sus alegatos, que esa administración cometió una serie de ilegalidades cuyo único objetivo era entregar la generación geotérmica a los italianos: “El proceso de selección del socio estratégico puso en evidencia la intención de beneficiar ilegalmente a Enel”, dice el numeral 3, del título II, letra A, en el documento de respuesta presentado al CIADI el 14 de mayo de 2014 y suscrito, entre otros, por el fiscal general Luis Martínez.

El primer acto sospechoso, según los abogados, ocurrió el 5 de septiembre de 2001, cuando el gerente general de LaGeo contestó al representante de EGI, una sociedad del grupo Enel en El Salvador, que la empresa italiana no estaba inhabilitada para participar en la licitación de la geotérmica a pesar de que una de sus filiales ya tenía partición en la distribución eléctrica en el país.

“...En vista de que EGI no ejerce control de AES-CLESA (distribuidora)... no es considerada una sociedad afiliada y por los tanto las empresas de su grupo empresarial están habilitadas para participar...”, responde José Antonio Rodríguez, el funcionario de LaGeo, al representante de Enel, José Vicente Machado. Hoy, ambos son imputados en el proceso penal abierto en El Salvador por el caso. Rodríguez era, al momento de firmar aquella respuesta, cuñado del entonces presidente Flores.

En el párrafo 26 de su alegato, los abogados de El Salvador escriben: “...Este no fue un error de buena fe... Todo indica (que) acordaron este intercambio fraudulento de consulta para permitir la participación de Enel...”

El segundo reclamo de Foley Haug, el bufete asesor de la FGR, y el más importante, es que aquel acuerdo de accionistas que permite a Enel optar al control mayoritario de LaGeo también está basado en un fraude. Básicamente, el Estado acusa a los funcionarios de Flores de modificar el acuerdo un día antes de la firma: “Antes de celebrar el acuerdo ya la junta directiva de CEL había aprobado las modificaciones que había que hacerle a ese acuerdo. Todas... en beneficio de Enel”, escriben los abogados.

En París, un tribunal internacional dio la razón a Enel en 2011. En San Salvador, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial han repudiado ese fallo. En Washington, Enel pretende revertir lo actuado por las autoridades salvadoreña. En juego: millones de dólares; una muestra: 113 millones de dólares de dividendos en el último ejercicio repartidos por LaGeo.












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