Aquí es una Normal que, afortunadamente para nosotros, hijos de familias de escasos recursos, cuenta con un internado. Aquí, gracias a Dios se nos da almuerzo, la comida y la cena. Nos ayudan con los materiales, el uniforme, las inscripciones, eso no se cobra. Incluso el examen para venir a sacar ficha no se cobra. Me gustaría tocar un escrito que está en la entrada, que dice: “Bienvenidos a Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”. En esta Normal, de las nueve del estado de Guerrero, es la única donde te brindan una orientación política-ideológica. Te despiertan. Van más allá, no se quedan simplemente con los planes y programas de la Secretaría de Educación, uno va más a fondo. Se ven cosas como marxismo-leninismo. Esta escuela pertenece a la fecsm, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En pocas palabras, creemos que se puede lograr algo mejor. El gobierno sabe que aquí se despierta la conciencia de las personas, y no le conviene. Entre la gente esté más dormida, pues para ellos mejor. Si un patrón te dice, oye tú, ve y lávame mi carro, y tú no le dices nada, y vas y lo lavas pero nunca cuestionas, eso es lo que quiere el gobierno, que nunca lo cuestionemos.
Ernesto, integrante de la Casa
Activista de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Introducción
Desde su regreso a su gira por Asia y Australia, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha realizado diversas advertencias contra las movilizaciones “violentas” en apoyo a los familiares de los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa que transgreden el Estado de derecho y el “proyecto de nación” que él encabeza. A su costado lo ha flanqueado el orden institucional: el Secretario de Gobernación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Secretario de la Defensa Nacional, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados – e incluso el perro de Pavlov de Mancera–.
En este contexto, estas advertencias dejan al descubierto, por tanto, la nueva estrategia del Estado y el bloque en el poder de México: la represión abierta y puntual a los grupos que están impulsando las movilizaciones en el D.F., Guerreo y los demás Estados. Esto es así puesto que la crisis de gobernabilidad y legitimidad que sufre el Estado mexicano en esta coyuntura se ha profundizado con la presión social ejercida por las movilizaciones sociales, el fracaso gubernamental de las diversas estrategias de reducir el caso de Ayotzinapa a un asunto del crimen organizado y de involucrar a los normalistas con éste, la presión internacional, la crisis de gobernabilidad y legitimidad en la que ha caído el Estado –que no permite generar un consenso al interior de la sociedad–.
Sin embargo, el Estado se ha visto obligado a diseñar y realizar esta nueva estrategia principalmente por la presión que ha ejercido el bloque en el poder en México, es decir, las fracciones dominantes de las burguesías nacional y extranjera atrincheradas en el Consejo Coordinador Empresarial. Su postura es clara: impedir que las movilizaciones en favor de Ayotzinapa profundicen la crisis política y social que impida la concretización de las reformas estructurales, pues dejarían de percibir miles de millones de dólares de ganancias. De ahí el urgente llamado a preservar el orden social, la propiedad de “terceros” y el Estado de Derecho.
De este modo, ante esta nueva estrategia del Estado y el bloque en el poder, las luchas sociales y populares inmersas en esta coyuntura necesitamos enfatizar: no hay mayor crimen organizado que azote a la sociedad mexicana que el orden social impuesto por el bloque en el poder a través del Estado nacional y que, por tanto, los responsables directos de la violencia social en México son estas fracciones de la burguesía nacional que fundan su acumulación de capital en ríos de sangre. El episodio trágico que vivimos en México es incomprensible si no lo colocamos dentro de una lucha entre intereses opuestos de clases sociales antagónicas.
Otra cuestión de suma importancia para nuestra movilización es no olvidar que la “nueva” estrategia de represión del Estado ya ha sido puesta en marcha en anteriores ocasiones en conflictos desatados por el neoliberalismo: la Huelga estudiantil de la UNAM en 1999-2000, San Salvador Atenco en 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y por su puesto el levantamiento zapatista de 1994. El móvil es el mismo: deslegitimación de la protesta social por a través de los medios de comunicación, discursos que llaman a defender el Estado de Derecho y el derecho de terceros –la propiedad privada–, supuestos llamamientos al diálogo y desconocimiento de las demandas populares, trabajo de los cuerpos de inteligencia para espiar y detectar la articulación y líderes de los movimientos y, por último, represión puntual del movimiento con el fin de dar golpes certeros que acaben con la movilización.
Por tanto, es necesario perfilar demandas puntuales que frenen el genocidio neoliberal que imponen las clases dominantes en México. A continuación desarrollamos algunos puntos que intentan dar cuenta de la urgente necesidad de concretar demandas clasistas y populares de manera puntual.
1. El Bloque en el poder y su Proyecto de Nación
El llamado neoliberalismo es propiamente un patrón de acumulación de capital, que se impuso en México ante fracaso desarrollista de las burguesías mexicanas de consolidar una industrialización y una capitalismo nacional durante el periodo de 1936 a 1982. La crisis de 1982, el elevado endeudamiento para el mantenimiento del patrón anterior y la pérdida de competitividad ante el capital internacional obligaron al Estado mexicano y las burguesías nacionales a adoptar un viraje radical en la reproducción del capital en México. De un patrón de reproducción que basó buena parte de la su acumulación de capital en el mercado interno, se viró a uno que basado en la acumulación de capital vía venta de mercancías al mercado externo.
El viraje obligó a adoptar un patrón de especialización productiva enfocado a la exportación. Sin embargo, los bienes producidos son en su mayoría mercancías que prescinden de la utilización de fuerza de trabajo especializada y de industrias consolidadas –capitalizadas con inversión en capital constante–. Las mercancías producidas en México son básicamente productos manufacturados –electrodomésticos, ensamblaje de carros, autopartes, bienes electrónicos– que contienen poco valor agregado, materias primas como son los minerales, cierta agroindustria, turismo y drogas.
Ante la falta de competitividad de las burguesías mexicanas echaron a andar un patrón de acumulación de capital basado en la profundización de la superexplotación del trabajo, el desmantelamiento de la seguridad social –derechos ganados por las luchas de los trabajadores–, el despojo de los recursos naturales –tierras para la minería, petróleo, bosques, playas, etc. – y la financiarización de la economía –en busca de la ganancia fácil, lo que elimina inversión a la producción–. En términos de clase, la riqueza producida socialmente en el país es apropiada, de este modo, por unas cuantas personas, en una explotación voraz.
Las pocas empresas que se consolidaron durante los años de 1936 a 1982 lo hicieron al amparo del Estado mexicano y de las privatizaciones de las empresas públicas, lo que les permitió monopolizar el mercado interno y lograr cierta “competitividad” frente a los capitales extranjeros. Grupo Carso, Televisa, Tv Azteca, Minera México, Grupo Alfa, Grupo Vitro, Cemex. Dichas empresas, en alianza con el capital extranjero y financiero internacional, son las que actualmente se configuran como el bloque en el poder en México, es decir, los dueños de estas empresas son las fracciones de la burguesía que han impuesto sus intereses al resto de la sociedad mexicana a través del Estado.
Si bien todas las sociedades mercantil-capitalistas se encuentran sometidas a las leyes del capital –la propiedad privada, el mercado, la competencia, el monopolio, la explotación de plusvalía, el despojo, la renta, la financiarización de la riqueza y las crisis–, para reproducirse requieren de todo un conjunto de condiciones extraeconómicas para poder realizar una valorización del valor, en términos llanos, realizar la ganancia. En este sentido, el despliegue o desenvolvimiento del patrón de acumulación neoliberal no sólo involucra cuestiones económicas –como la explotación del trabajo–, sino todo un conjunto de condiciones políticas, sociales y subjetivas que las grandes empresas nacionales y trasnacionales no pueden generar por sí solas. Por tal motivo, para que se lleve a cabo la actual acumulación de capital en México, las fracciones de las clases dominantes en México requieren primordialmente del Estado para imponer sus intereses particulares al resto de las clases sociales en el país, pues el Estado es el cuerpo social específico que articula, organiza y mantiene cohesionada una sociedad, es el centro del poder político y reproductor principal de la generalización del interés particular como interés nacional.
De este modo, para imponer el actual patrón de acumulación, las clases dominantes del país y el Estado tuvieron que vencer la resistencia de las clases trabajadoras, campesinas y populares del país, por lo que emprendieron una verdadera contrarrevolución que tuvo diversos frentes –económicos, políticos, ideológicos y represivos–: contrainsurgencia –la llamada guerra sucia–, ruptura de sindicatos, asesinatos y desapariciones, incorporación de los partidos de “izquierda” a las instituciones democráticas, fraudes electorales, atrincheramiento de los interese empresariales en instituciones clave del Estado, entre otros procesos.
De igual manera, para que un patrón de acumulación de capital sea impuesto en una sociedad requiere implantar una “nueva” forma de vida social, se requiere re-articular la sociedad mediante nuevos pactos entre sectores sociales y clases sociales, impone nuevas formas dominantes para pensar sus propios cambios, nuevas leyes, configura y reestructura núcleos económicos, sectores del capital y fracciones (de clase) con intereses (políticos, económicos e ideológicos) diferenciados de los modelos de capital anteriores. Trastoca su propio modo de ser y muda de ropas en todos los sentidos, anuncia una nueva época con el único fin de perpetuarse.
Así, el capital muestra su potencia total al imponer una forma de ser, ya no sólo a sociedades en particular, sino al mundo en su conjunto. El núcleo estratégico que le permite perpetuarse es la relación que establece con el trabajo, sin trabajo no es posible la existencia del capital ni de sus leyes de valorización. El trabajo es la sustancia que forma el valor, pieza clave para el desarrollo del capitalismo. Para poder valorizarse, el capital subordina y somete el trabajo a su movimiento. De esta forma, el trabajo no es más que un medio para lograr la valorización del capital, excluyendo de él cualquier otra propiedad.
El actual movimiento del capital, el neoliberal, que lleva más de treinta años en nuestro país, dada su forma de ser, ha excluido y golpea constantemente a pequeños capitales que otrora estaban incorporados al régimen desarrollista posrevolucionario. Ha conformado un aparato productivo contrapuesto a las necesidades de su población; ha generado una monumental exclusión social con el desempleo; ha precarizado el trabajo mediante el control del tiempo y la intensidad de la jornada de trabajo. En el desdoblamiento de sus relaciones originarias, se han generado diversos problemas, contradicciones, procesos sociales conflictivos que están en el fondo de los acontecimientos trágicos por los cuales la sociedad mexicana recurrentemente ha atravesado en los últimos sexenios.
Al construir los ejes por los cuales se crea la riqueza en la sociedad, supone la construcción de los mecanismos de apropiación de la misma. Es lo que ocurre con el diseño de una sociedad neoliberal que se forma en la especialización de la exportación de petróleo o de la exportación automotriz o de productos electrónicos. En este caso, se trata de sociedades orientadas hacia esta formación o especialización social (grados de educación requeridos, tipos de población exigidas, infraestructura necesaria, etc.). Lo mismo sucede con sociedades formadas para la exportación de maíz, de arroz o café. En conjunto, son clases sociales, sectores, categorías, grupos y conocimientos especializados que el capital recrea y articula para tales objetivos de valorización.
Las clases sociales que personifican este proceso de explotación del trabajo y apropiación de la riqueza expropiada bajo esta modalidad, son lo que denominamos bloque en el poder. Su poder radica en la capacidad de haber impuesto este patrón de acumulación al conjunto de la sociedad mexicana. El neoliberalismo lo han encumbrado a la cima de constituir nuestro “Proyecto de Nación”.
Una violenta depredación de la economía nacional ha sido la madre de este proyecto, inmensas transferencias de riqueza al exterior han sido llevadas a cabo (vía deuda externa, privatización, migración, TLCAN, repatriación de ganancias) con la reestructuración productiva y la integración de un puñado de grupos económicos a la “globalización” y, consecuentemente, de la desincorporación de múltiples sectores sociales, territorios y poblaciones.
La implantación despótica de un nuevo tejido productivo orientado a la exportación ha construido poderosos grupos económicos que dominan los sectores de la economía y ha conducido a la mayor concentración de capital e indiscutiblemente a los mayores estragos de la pobreza y de las innumerables condiciones de desigualdad en la sociedad mexicana.
La temible vorágine de la “libre empresa” sobre los derechos y servicios sociales que el Estado orientaba hacia la sociedad ha desembocado -para cada vez más crecientes sectores sociales empobrecidos y sin futuro- en la irrefrenable búsqueda monetaria que los somete al vertiginoso ritmo del capital y de su expansión social.
La violación de la soberanía nacional, el control del gran capital financiero (vía FMI, BM, OCDE) sobre el usufructo de la riqueza y el destino de nuestra sociedad, la mayor subordinación al capital trasnacional (industrial, comercial, agroexportador y de servicios) y su consecuente avasallamiento a la economía nacional, mediana y pequeña industria, desertificación de la economía campesina, y los procesos de precarización laboral, desempleo y contracción salarial imperantes por décadas, representan gruesos rasgos de una modalidad de dominación del poder del capital hacia la sociedad.
Dentro de este cuadro, es posible comprender los procesos de fractura, desarticulación y descomposición social que caracterizan al mapa social de México en la primera y segunda década del nuevo siglo y que ahora se nos presentan como la propia crisis del neoliberalismo en México.
2. El papel del Estado
a. El Estado y el bloque en el poder
El Estado ha construido esta modalidad de acumulación de capital en relación con los grupos y fracciones económicas dominantes (nacionales y extranjeras), esto es, con el bloque en el poder. Se trata de la proyección, establecimiento y aseguramiento de una violencia organizada de clase que ha tenido la principal función de articular la sociedad con el fin exclusivo de la valorización del capital. Es decir, es un patrón de acumulación de capital cimentado desde sus raíces a base de la violencia del bloque en el poder y de su capacidad para imponer al conjunto de la sociedad los intereses económicos, políticos, jurídicos e ideológicos desde el poder político y los verdaderos centros de poder del Estado.
No obstante tres décadas de neoliberalismo y violencia de clase, el Estado Mexicano asume desde el nuevo mando del Ejecutivo en 2012 la mayor centralidad estratégica del capital: coadyuvar en la productividad del trabajo mediante el nuevo fardo (para las clases oprimidas) de “reformas estructurales”. El objetivo primordial, elevar la tasa de ganancia y acelerar la acumulación de capital. Veamos brevemente el tamaño de este fardo:
Reforma Laboral: Una gran ofensiva que ha impuesto una degradación sin precedentes en el mundo del trabajo con la implantación de la precarización estructural del trabajo; el abaratamiento de las contrataciones y de los despidos; la legalización de las execrables figuras del trabajo inestable; la consolidación de mercados laborales desprotegidos y sin garantías fundamentalmente para las nuevas generaciones de jóvenes (hoy en crecientes estados de insurgencia). La incorporación estructural de las nuevas generaciones de trabajadores a un mundo del trabajo sin horizontes, sin futuro, sin protección y seguridad social, derecho a pensiones, jubilación, sin organización, representación y desmantelamiento de los lazos de solidaridad de clase. Con ello, se ven agravadas las de por sí ya múltiples condiciones de desigualdad, los problemas de fragmentación obrera y exclusión social. Evidentemente, el resultado de ello conduce a que, sin la sólida organización del trabajo, el capital intensifica su agresión hacia las condiciones estructurales de superexplotación del trabajo, la elevación de la cuota de plusvalor y por ende, del grado de explotación de la clase trabajadora.
Reforma Educativa: Además de su articulación con las nuevas estructuras del trabajo inestable y de la precarización laboral y el control del Estado sobre el trabajo docente, la reforma de la educación impulsada por el capital busca incidir en una nueva configuración (manipulatoria) de la subjetividad del trabajador. El Estado incide para reconstruir los espacios públicos educativos y producir un nuevo saber hacer del que el capital pueda disponer, utilizar y consumir en la totalidad de la jornada laboral. De tal forma que el capital (nacional y trasnacional) encuentre los enormes contingentes de fuerza de trabajo con la mayor docilidad y flexibilidad, la mayor productividad (trabajo polivalente), esto es, una subjetividad alienada, sin pertenencia de clase y abierta a los compromisos con el capital.
Reforma de Telecomunicaciones: Busca establecer de modo sumamente parcial las bases de “competitividad” en el sector y perpetuar con ello la enorme dominancia de los grandes monopolios. Por si cabían las dudas, ello ha quedado evidenciado con las ignominiosas regalías (“la casa blanca”) de la principal televisora del país hacia la pareja presidencial.
Reforma Fiscal: En función de la movilización de las masas populares se logró frenar el gravamen a los productos básicos. No obstante el bloque en el poder llevó a cabo la salvación al gran capital y a las capas más altas del ingreso, gravando y desangrando a la pequeña propiedad.
Reforma Financiera: Se asegura la gran concentración del capital, tanto de la riqueza como de los sectores del capital que controlan la economía. Mediante una retórica del abaratamiento y proliferación del crédito, se ha llevado a cabo una nueva marginación a la pequeña y mediana industria nacional y a los productores del campo sometidos a una competencia despiadada con los grandes corporativos, mismos que concentran los mayores créditos e inversiones (incluso del exterior).
Reforma Energética: Se ha llevado a cabo la mayor usurpación que ha experimentado la sociedad mexicana en los últimos 150 años, sólo semejante al despojo de más de la mitad de su territorio por los Estados Unidos. Para el gran capital nacional y extranjero se trata de una escala sin precedentes que ha llevado a México a la “cumbre de los negocios”. La figura jurídica de la “ocupación temporal” es la mayor ofensiva del capital sobre la sociedad y su gran patrimonio territorial dotado de hidrocarburos y riqueza natural. Además, se trata de la mayor renuncia a la soberanía y a la facultad del pueblo mexicano de convertirse en potencia energética con sus implicaciones en la construcción de un aparato productivo energético y la formación y especialización de sus poblaciones y juventudes, la creación de empleos de calidad, la atenuación de las desigualdades y el establecimiento de modos de bienestar acorde a las condiciones de vida del nuevo siglo.
Como vemos, la profunda violencia del bloque en el poder y la actual etapa de su gran ofensiva centrada en la estrategia de la aceleración de la productividad del trabajo y de la acumulación del capital constituyen las nuevas coordenadas del patrón de acumulación de capital y evidencia las funciones del Estado ancladas en los procesos de reproducción de la dominación.
Esta violencia organizada de clase materializada en el poder político del Estado en México ha diseñado un régimen de acumulación de capital que perfora las múltiples necesidades y distintos intereses de las clases trabajadoras y de las masas populares. El saqueo y despojo de hidrocarburos y riquezas naturales con cargo en el gran capital privado (nacional-extranjero), la definición de un aparato productivo volcado a la exportación, el establecimiento de un régimen salarial (de superexplotación y precarización) como “eje de competitividad” de este aparato productivo (exportador), la mercantilización de los derechos y servicios vitales de la población (agua, tierra, educación, transporte, salud, comunicación, pensiones, entre muchos otros), la devastación de la estructura agraria campesina y familiar, son estructuras principales del patrón de acumulación que se constituyen de modo radical en las antípodas de los intereses de la población trabajadora y popular.
Es por ello que si en apariencia estamos frente a distintas contradicciones sociales y movimientos populares particulares, en esencia se trata de fuerzas sociales antagónicas con intereses opuestos y se presentan como sujetos que permean los marcos del movimiento histórico actual. Islotes de riqueza en las que albergan clases privilegiadas (el 0.17% de la población concentra el 42.3% del PIB, El Universal,13/11/2014) forman parte de una sociedad agobiada por océanos de pobreza y profunda exclusión.
La gran concentración de la riqueza y el mapa social que el bloque en el poder ha articulado como forma de acumulación social del capital, además de las relaciones sociales, las fracturas y las desigualdades que lo constituyen, son generadores de los mayores problemas sociales y contradicciones que hoy salen a la superficie.
La crisis social que viene agrietándose en nuestro país se recrea tanto en las distintas figuras de la barbarie y de violencia social (que nos agobia) como en los distintos estallidos sociales y la emergencia de la insurgencia social (que nos anima) desde distintos frentes.
Este cuadro crítico y contradictorio ha impactado en el Estado y en nuestros días lo ha sometido a una crisis política sin precedentes. La crisis del Estado mexicano experimenta las mayores fisuras en el consenso, en la legitimidad y la representatividad política en todo su conjunto institucional: sus pilares representativos (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, partidos políticos, Democracia electoral (INE), Derechos Humanos y Estado de Derecho.
El liberalismo político e institucional que conforma las estructuras del Estado está desbordado por las contradicciones que ha desencadenado la propia violencia organizada de clase que ha construido el diseño político, económico y social actual.
La crisis política que hoy experimenta el Estado expresa la “peligrosa” insuficiencia del consenso y de la cohesión social que hoy caracteriza al Estado mexicano.
El estallido de conflictos de diversa índole, tales como de seguridad, de violencia, ambientales, laborales, humanitarios, sanitarios, laborales, económicos, productivos, rurales, educativos, entre muchos otros, llevan al Estado a trazar su estrategia para la aceptación colectiva de la dominación.
La cohesión social que el Estado no logra subordinar, amenaza la centralidad estratégica de su proyecto y sus tendencias de acumulación de capital. Es el máximo nervio del bloque en el poder; que la “cumbre de negocios” impuesta por el mando del capital en el Estado se derrumbe.
Es en este sentido que el Estado precisa más que nunca de su labor de hegemonía semejante a la que desplegó mediante la construcción de la “transición a la democracia” con el nuevo establecimiento institucional del orden estatal y de la democracia mexicana, como superestructura “abierta” y “plural” correspondiente a los procesos de “cambio estructural” que materializaron las bases económicas y sociales del neoliberalismo.
Cabe señalar que dentro de la gran cruzada de hegemonía que el Estado mexicano estableció (desde las últimas décadas de siglo XX) con la transición política de la “democracia mexicana” (IFE, sistema de partidos, instituciones autónomas, reformas políticas, procesos electorales, “alternancia”, etc.) fueron implementados los cambios estructurales que establecieron el profundo y violento viraje al patrón de acumulación neoliberal. Teóricamente es muy inocente o complaciente asumir estos procesos como entes aislados: transición a la democracia por un lado y violento cambio estructural por el otro.
En cambio, en medio de la actual crisis política que ha fisurado al conjunto institucional del Estado mexicano arrastrándolo a su propio agotamiento (obsolescencia del orden liberal institucional) y sobre las coordenadas estratégicas de la acumulación de capital ancladas con las reformas estructurales, el Estado hace hipóstasis de las estructuras y ejes de acumulación agravándolas profundamente.
b. Legitimación de la represión.
El Estado mexicano, sin el “cemento” necesario para reconstruir las grietas de la institucionalidad y su ejercicio primigenio de asegurar la cohesión social, el bloque en el poder agazapado en el Estado mexicano y el conjunto de sus instituciones, se enfrenta -a las fuerzas sociales en estado de insurgencia- con el recurso a una mayor centralización política con gruesos rasgos de autoritarismo extremo que desarticule y apague mediante las labores de inteligencia y represión los estallidos de insurgencia colectiva, impugnación social e ignominia popular, hoy estigmatizados como fuerzas de “desestabilización” y “desorden social”.
Ante la crisis del consensus y la más plena crisis de legitimidad de la “democracia mexicana” y sus enésimas reformas, esto es, ante la amenaza de su mayor impugnación colectiva, el bloque en el poder juega sus cartas: Un Estado de excepción (sui generis) constitutivo de distintos episodios de brutalidad represiva contra las movilizaciones, cubiertos de una gran ofensiva ideológica que incruste en las entrañas de la sociedad la “legitimidad” de los instrumentos de muerte, castigo, cárcel y terror hacia “los violentos”, hacia aquellos que “atentan contra el proyecto de nación” y “atacan las instituciones”.
De modo paralelo, empresarios y representantes de las grandes patronales del país exigen al secretario de Gobernación y al Ejecutivo en particular defender las violaciones al “Estado de Derecho” y “reestablecer” la “ley y el orden” mediante la “fuerza pública” y asegurar los “derechos de terceros”.
En medio de la creciente inestabilidad política que azota al poder político institucionalizado, el bloque en el poder exige “certidumbre de los agentes económicos” con el objeto de desplegar y materializar el gran usufructo privado que ha impuesto del modo más violento y autoritario (“Pacto por México”) el terrible fardo de las reformas estructurales. Dentro de la inmensa labor de hegemonía (hoy en profundo cuestionamiento) que este pulpo maldito del Estado necesita, éste se despliega con su horrendo carácter bifacético (mitad hombre-mitad bestia), esto es, el “recurso” de la ley y el de la fuerza, el exhorto del “diálogo” y la operación del terror, el sable y la sotana.
Por el lado de la “ley” y del “diálogo”, el Estado busca subsanar las profundas fisuras de la legitimidad, la representación y el consenso que pesan sobre todo el orden político institucional (neo) liberal. Dentro de este lado del Estado, se trata de la construcción estatal de las vías de una política “civilizada”, “institucionalizada”, que participe dentro del “orden y la paz”, con “actitud de diálogo y apertura” (E.P.N), es decir, una participación política “ciudadana” subordinada de modo apriorístico a la violencia del bloque en el poder y la dominación de clase. Son éstas las leyes de la democracia y estos los riegos de las figuras de la “sociedad civil” y de la “ciudadanía” si deciden someterse a un Estado de ideología única que no tolera la crítica, la impugnación radical, y en cambio, es “flexible”, “sensible”, “solidario”, exclusivamente si es “civilizada” y “abierta” a la postración y dominación de clase.
Por el lado de la fuerza y el castigo, cuando la cohesión y el consenso social están desbordados, cuando las fisuras de la institucionalidad no permiten el “diálogo” y la “civilidad”, cuando la “ley” y el “Estado de Derecho” están horadados por la mayor ignominia colectiva, el terror se impone. Cuando se agota la “tolerancia del diálogo” (Osorio Chong), “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden” (E.P.N.), el “último recurso” es el “extremo de tener que usar la fuerza pública” (E.P.N.). Y con el característico sello autoritario del PRI, el ejecutivo, vuelve a decir: “el gobierno de la República está firme en el proyecto de nación que queremos… no nos vamos a detener…” (E.P.N.).
El régimen de excepción es el camino más corto para un Estado atravesado por la crisis del consenso y de legitimidad. La inestabilidad y crisis política que experimenta un bloque en el poder (que el Estado representa) encumbrado en los negocios de la mayor reserva de riqueza (como los hidrocarburos) y la superexplotación del trabajo, puede conducir a un autoritarismo agresivo y extremo.
La estrategia estatal basada en un “gran pacto” nacional por la defensa y el fortalecimiento del “Estado de Derecho” con apoyo de distintos órdenes de gobierno (Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO), clase empresarial (Consejo Coordinador Empresarial , CCE), burocracia de élite (PRI-PAN-PRD), “sociedad civil” (periodistas, intelectuales, actores, deportistas y personajes públicos afines el neoliberalismo) y otras categorías sociales, es el manto ideológico para legitimar los procesos represivos de desarticulación de la insurgencia popular. Los discursos oficiales en pro de la “justicia”, el “Estado de Derecho”, el fortalecimiento institucional y la apología de falsas bases sociales de “paz” y la defensa de instituciones erigidas por la propia violencia del bloque en el poder, es el coro que criminaliza la disidencia popular y “legitima” la brutalidad de la fuerza del Estado (de clase).
Así, los Poderes del Estado Mexicano, SCJN, Congreso de la Unión, presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, partidos políticos, dirigentes nacionales de partidos políticos, senadores, diputados, funcionarios medios, gobiernos estatales, ejército, policía federal, secretarías de seguridad, medios de comunicación oficiales, iglesia, y distintas categorías sociales se constituyen como el coro del terror y de la criminalización de la insurgencia popular y de todo aquel que cuestione el orden político, económico y social y la verdadera violencia de la que proviene.
Es necesario advertir que, en el pleno curso de la crisis e inestabilidad política, el coro del terror no trata más de una “criminalización” de las luchas y fuerzas sociales, sino que opera para aterrorizar a la propia sociedad e infundirle odio sobre aquellos que realizan “protestas” y “atacan las instituciones” con el objetivo de respaldar la fuerza.
El terror precisa de la “razón mediática” para avalarlo y legitimarlo. La ideología necesita del terror para perpetuar la dominación. El bloque en el poder requiere de sus “clases apoyo” para procesar la doble materialidad que el Estado concentra, sea “la fuerza del derecho” o “el derecho de la fuerza” y reproducir con ello la dominación.
Mientras salta a la vista la agresividad de los agentes del bloque en el poder en los últimos días, cuando aquellos que no participan en la “convocatoria al orden y a la paz” del Ejecutivo, aquellos que impugnan más de tres décadas de violencia económica y política de clase misma que ha erosionado las condiciones básicas de la vida social, y que hoy tienen en la mayor inestabilidad política al Estado mexicano, pueden encontronarse con las tendencias más radicales de perpetuación de los intereses del bloque de dominación: el régimen el excepción que utilice en distintos episodios la fuerza y el terror para la desarticulación y extirpación puntual de la insurgencia, sea dentro de la “ley” o mediante la implementación de mecanismos extralegales (como infiltración y labores de espionaje).
Como vemos, el Estado y el bloque en el poder, son quienes han venido impulsando la violencia social contra la mayoría de la población. Es su violencia la que ha arrojado a millones a la pobreza, al desempleo, a sobrevivir con sueldos de miseria, quienes ofrecen a los jóvenes futuros inciertos, quienes despojan a comunidades de campesinos e indígenas de sus tierras para expropiarles los recursos naturales, quienes precarizan el trabajo imponiendo los ritmos y tiempos de la jornada de trabajo, quienes corrompen la ley que ellos mismos formulan, quienes son impunes ante crímenes de lesa humanidad, quienes son incapaces de dar soluciones a problemas que ellos mismos dicen tener atributos para resolver.
Son los integrantes del bloque en el poder quienes personifican la violencia del capital, quienes llaman a la represión, quienes llaman al Estado para resolver sus problemas, son ellos quienes imponen violentamente sus intereses, destruyendo la vida social, monopolizando los recursos materiales de la vida para impedir a la mayoría de la población una vida al margen de su modo de ser, imponiendo su ley, a veces mediante el terror, a veces mediante la “democracia” que imponen al resto de la población, “democracia” del derroche, del cinismo, de la prepotencia, de la corrupción, “democracia” amalgamada con el narcotráfico.
Muy lejos de reconocer la profunda deslegitimidad, inestabilidad real y crisis de las estructuras estatales imbricados con la forma de reproducción material de la riqueza y de la sociedad, el Estado y la clases dominantes procesan las contradicciones, las reducen y las desplazan a tono con ciertas “debilidades institucionales en algunas partes del país” (E.P.N.) que son susceptibles de tratar con un “Renacimiento de la institución municipal” como el “factor esencial” (Consejo Coordinador Empresarial). Anclados en los intereses políticos y económicos de dominación que representan, amenazan con los manotazos de hierro de un autoritarismo agresivo. El actuar del Estado y del bloque en el poder recuerda a la paradoja del mentiroso: siendo ellos el centro del problema, sus “soluciones” no pueden llegar de ellos mismos. Si el diseño social del capital (neoliberalismo) que nos ha arrojado a la violencia y fractura social es impulsado por el Estado y personificado por el bloque en el poder, cómo esperar que de ellos provenga su transformación.
Es por todo ello que el movimiento popular tiene desafíos inmediatos.
3. Hacia la construcción de un programa general de lucha:
Es importante señalar que en la lucha contra la violencia social del Estado, se debe incluir no sólo al Estado mexicano actual y al gobierno en turno, sino señalar a los verdaderos responsables del “proyecto de nación” que ha ocasionado el actual estado de fragmentación y barbarie: el actual bloque en el poder.
No es que la presión hacia el Ejecutivo o al poder Legislativo sea de segundo orden o carezca de importancia, lo que señalamos es la articulación de nuestras demandas al Estado y al bloque en el poder conformado alrededor de las principales confederaciones patronales del país (Coparmex, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, Concamin, Concanaco, Canacintra, Antad, entre otros grandes grupos económicos que las constituyen).
Ante la gran ofensiva del bloque en el poder es posible la construcción de un programa general de lucha que consolide nuestra solidaridad y nuestra unidad. La cuestión es qué intereses son una gruesa constante entre las distintas fuerzas y movimientos de lucha. Indudablemente, hoy queremos que regresen los 43 compañeros secuestrados-desaparecidos por el Estado, y más aún, ¿seremos capaces de agregar demandas estructurales en contra de la desarticulación social de las clases dominantes que ha incidido en este crimen de lesa humanidad, en la violencia y barbarie social, y eliminar con ello la posibilidad sistémica de que esta realidad social no continúe reproduciéndose? ¿Podrán las fuerzas sociales tocar el núcleo estratégico que el Estado defiende (en beneficio de los grupos dominantes) y mediante el cual articula y diseña el mapa social del país?
Como lo expusimos líneas arriba, la contradicción esencial entre el capital y el trabajo es la sustancia que permea y articula el desdoblamiento de las distintas y variadas contradicciones que salen a la superficie cuando los “movimientos sociales” y populares impugnan los intereses de los grupos y fracciones dominantes. El conjunto de la sociedad (territorios, poblaciones, clase sociales, sectores productivos, de servicios) son permeados por la gran transversal que siembran las fracciones dominantes del capital en su “proyecto de Nación”.
Es por ello que es posible que los distintos movimientos, fuerzas e insurgencias sociales, de clase y populares unifiquen un programa de lucha antagonista dotado de un conjunto de intereses políticos, económicos, ideológicos, sociales y populares frente a los intereses hegemónicos que el Estado en su papel de hegemonía impone a la sociedad como intereses “nacionales”.
El programa común, antagonista frente a la dominación sistémica neoliberal, puede construir una nueva relación de fuerzas que arribe en un primer plano a la defensa de los distintos intereses de las clases explotadas y de las masas populares.
La defensa y reivindicación de los intereses políticos de los productores colectivos y de las clases dominadas en general es fundamental. En ellos confluyen mecanismos de organización, representación y participación obrera-campesina y popular antagonistas a la democracia electoral mexicana. Se trata de la construcción de un organismo de poder horizontal y ampliado que cohesione y oriente la estrategia sobre la ofensiva y defensiva de los intereses populares y de clase.
La exigencia del fortalecimiento de los poderes populares es inobjetable porque puede orientarse hacia la construcción y materialización de los intereses políticos de las masas populares antagonistas al liberalismo político de clase. De ahí la rotunda negativa del Estado a proceder con la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero.
La proliferación y fortaleza de poderes populares y de clase y su confluencia mayor en organismo de poder a gran escala inauguraría una época de lucha de clases con profundos virajes en la relación de fuerzas y la capacidad de imponer intereses de distinto orden. Bien puede ser una nueva plataforma de lucha que dispute al bloque en el poder los conjuntos de intereses (económicos, políticos, culturales, territoriales, ambientales, etc.) e imponga un viraje a la fragmentación social impuesta por el neoliberalismo.
Sobre esta base hay que impulsar la articulación estratégica de grandes alianzas entre los distintos sectores de las clases trabajadoras (agrarias, industriales, de servicios, precarizadas, informales) y las masas populares y de su defensa (económica, territorial, social y política) de las comunidades.
Cabe advertir que, ante las imperantes visiones “fragmentarias” y su pobre horizonte de aprehensión sobre nuestro tiempo histórico, no se trata más de la anti-estrategia de los “movimientos sociales” fragmentarios basados en los principios de la “autogestión”, “autonomía” y el “contrapoder”, así como no se trata más de la inercia pragmática y espontánea que se deja llevar exclusivamente cuando la marea asciende.
A nuestro modo de razonar lo que se requiere es de una estrategia de abiertos horizontes y de largo alcance cristalizadas en nuevas formas de organización y representación que ponga fin a la fragmentación de clase y social articulada por el capital y el Estado y cohesione intereses comunes de las distintas fuerzas y movimientos sociales. Se trata de la comprensión del movimiento histórico en su conjunto, de articular la comprensión de los procesos y acontecimientos, superar las visiones parciales y a-históricas de las luchas políticas y sociales para trascender la desorganización política y sus limitadas reivindicaciones sobre lo que va dejando el sistema del capital a su paso y no logra incidir en sus estructuras reales que lo configuran.
En este sentido, uno de los mayores desafíos es la construcción de un organismo de poder horizontal y radicalmente democrático emanado de las distintas organizaciones anticapitalistas, organismos de clase y populares en el que logren construir estrategias políticas sobre la base de la adecuada orientación y relación entre los intereses inmediatos e intereses finales.
Pensamos que un programa general de lucha que integre a las distintas fuerzas y luchas sociales puede comenzar incorporando las siguientes reivindicaciones e intereses:
· Movilización para la presentación con vida de los 43 compañeros de la Normal Isidro Burgos.
· Llamamiento por parte de las fuerzas sociales inmersas en esta coyuntura con mayor legitimidad a una Asamblea Nacional que aglutine a estudiantes, maestros, trabajadores, desempleados, campesinos, organizaciones sociales y del trabajo, con la finalidad de constituir un poder popular.
· Clausura total de todas y cada una de las reformas estructurales.
· Creación de autodefensas populares que no sólo cumplan con la función de seguridad, sino que velen contra el despojo de los recursos naturales y tierras que las llamadas reformas estructurales llevan a cabo.
· Contra la mercantilización de los derechos, servicios y espacios públicos.
· Desmilitarización de la sociedad mexicana –sacar al ejército y la PFP de las calles–
· Desconocimiento de los órganos electorales institucionales y organización de mecanismos de representación efectivos, populares y democráticos para la construcción de un organismo de poder que haga frente al poder organizado del capital.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
México D.F., a 20 de noviembre de 2014.
Centro de Documentación y Análisis Materialista,
Ernesto Che Guevara. (CDAM-ECG)
http://cdamcheguevara.wordpress.com/
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